Ministros y parlamentarios iniciaron proceso para cumplir con declaración de patrimonio

Por Rodolfo Carrasco



Ya se inició el proceso de declaración de patrimonio de las autoridades entrantes al gobierno y el Congreso. Quienes asumen el próximo 11 de marzo tanto en el Ejecutivo como en el Poder Legislativo deben cumplir con la Ley de Transparencia y junto con enviar las declaraciones a la Contraloría General de la República en un plazo máximo de 30 días, también deben ser publicadas en sus respectivas páginas web.

La exigencia de cumplir con la declaración obliga al presidente de la República, los ministros de Estado, los Subsecretarios, los Intendentes y Gobernadores, los Secretarios Regionales Ministeriales, los Jefes Superiores de Servicio y los Embajadores, como cargos de primera línea.

Pero la medida también rige para los miembros del Consejo de Defensa del Estado, como Juan Ignacio Piña, quien fue nominado como presidente la semana pasada, y para el nuevo consejero Juan Antonio Peribonio, además del Contralor General de la República.

También deben declarar los directores de las empresas en que el Estado nombre uno o más directores, y los directores y gerentes de las empresas del Estado que estén sometidos a la legislación aplicable a la Ley de Sociedades Anónimas.

Desde los gabinetes de los ministros entrantes ya se trabaja en el contenido de las declaraciones y además se coordina un instructivo por parte del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que debe orientar la forma y plazos para las declaraciones junto con el detalle que debe incluir de manera de hacerlo en los plazos requeridos.

A nivel parlamentario no solo los senadores y diputados entrantes deben hacer la declaración, sino que también rige la actualización para los senadores que se mantienen en sus cargos.

Cabe señalar que el establecer la obligación de presentar una declaración jurada de patrimonio a las más altas autoridades de los poderes del Estado, es una herramienta obligatoria y pública, que forma parte de la Transparencia del Estado, cuyo objetivo es permitir a la ciudadanía constatar, por primera vez desde 2006, de qué modo evoluciona el patrimonio de estas autoridades mientras permanecen en sus cargos públicos.

En el caso de cuando se deja el cargo se establece la obligación de hacer una actualización de los cambios que hubo durante el ejercicio del cargo y se establece un sistema único de sanciones para todos los sujetos obligados a declarar patrimonio, independientemente del órgano del Estado en que estos se desempeñen.

La no realización del trámite considera multas que van de 5 UTM a 15 UTM en aquellos casos en que no sea actualizada la declaración, y de 10 UTM a 30 UTM en caso de omisión de la misma, realización inoportuna, inclusión de datos inexactos u omisión de datos relevantes.

En los casos de omisión inexcusable, omisión de datos relevantes u omisión contumaz en la realización de la declaración, deben ser tomados en cuenta en la calificación funcionaria del sujeto infractor.